Como abogada de formación, estoy profundamente convencida de una cosa: el derecho medioambiental es una de las herramientas más poderosas de las que disponemos para ganar de forma sostenible las batallas en favor de la vida. Esto es lo que lo convierte en uno de los aspectos de mi compromiso con la LPO que más me importa.
La LPO lleva muchos años realizando una labor jurídica considerable. Interviene para hacer respetar el derecho medioambiental, sobre todo frente a ciertas prácticas de caza contrarias a las normas de protección de las especies, pero también contribuye, mediante sus recursos, a hacer evolucionar la jurisprudencia.
Yo misma viví de primera mano uno de los episodios más destacados de esta historia con el juicio del Erika, en el que participé, como abogada, en la defensa de las partes civiles. La LPO también se había constituido en parte civil para que se reconocieran los considerables daños causados a las aves y, más allá de ello, a la propia naturaleza. Este juicio supuso un hito importante en la historia del derecho medioambiental francés, al reconocerse, por primera vez, el perjuicio ecológico. Los largos años de proceso judicial que siguieron al vertido de petróleo me marcaron profundamente y siguen influyendo en mi forma de abordar las luchas medioambientales.
Esta experiencia también ha reforzado una convicción que nunca me ha abandonado: la ciencia y el derecho son dos pilares esenciales de nuestra acción colectiva.
La ciencia, por un lado, permite establecer los hechos, evaluar el estado de las poblaciones y los ecosistemas, documentar las amenazas y valorar las soluciones. El derecho, por su parte, permite transformar ese conocimiento en normas, en obligaciones y, cuando es necesario, en decisiones vinculantes para todos.
Combinar ambos permite alejarnos, en la medida de lo posible, de los enfrentamientos puramente ideológicos. Ya se trate de la caza, la protección de las especies, los daños al medio natural o los grandes proyectos de ordenación del territorio, nuestra responsabilidad es partir de los hechos, de los conocimientos científicos y de la legislación aplicable. Y luego luchar para que se respeten. Y, cuando no protejan suficientemente la vida, para hacer que evolucionen.
Es esta articulación entre ciencia, derecho y acción la que constituye, en mi opinión, una de las grandes fortalezas de la LPO. Y probablemente una de las razones por las que, después de todos estos años, sigo tan comprometida con esta causa.
