Los países ricos que alimentan la demanda de productos de la vida silvestre deben dar un paso adelante para cumplir con sus responsabilidades de aplicación de la ley y apoyar a los países en desarrollo y a las comunidades vulnerables.

La extinción es, después de todo, mala para el negocio.

El movimiento ecologista mundial se ha transformado de forma irreconocible en los años transcurridos, convirtiéndose en una gloriosa cacofonía de voces y prioridades diversas. Muchos de nosotros ya no vemos el mundo natural como una reserva de riqueza sin explotar que hay que gestionar y explotar a voluntad, sino que reconocemos nuestras responsabilidades con todos los seres vivos que comparten este planeta con nosotros, incluso cuando lo calentamos y contaminamos.

A pesar de los casi 50 años de esfuerzos de la CITES, el comercio mundial de fauna y flora silvestres está en auge: el comercio legal supone al menos 107.000 millones de dólares y el tráfico ilegal una cuarta parte de esta cifra.

El tráfico de especies silvestres supone una de las amenazas más urgentes para la biodiversidad a nivel mundial. También es devastador para las comunidades humanas, ya que alimenta las redes de delincuencia organizada, los conflictos armados y otras prácticas destructivas para el medio ambiente, como la minería ilegal. Además, los mercados comerciales de animales silvestres vivos -ya sea el propio comercio legal o ilegal- presentan graves riesgos de propagación de patógenos y de epidemias y pandemias de origen zoonótico.

En marzo, el Comité Permanente de la CITES tomó varias decisiones alentadoras en una reunión celebrada en Lyon para mejorar la cooperación internacional, reforzar el potencial de las investigaciones y mejorar la lucha contra el tráfico de múltiples especies.

Pero todavía no es suficiente. Para que las partes de la CITES detengan el tráfico de especies silvestres, debe haber un compromiso de recursos y voluntad política acorde con el problema. Los países de renta alta deben reconocer su responsabilidad de apoyar tanto a las comunidades vulnerables como a los Estados invadidos en la primera línea del comercio mediante apoyo financiero y técnico. También deben afrontar su papel en los mercados que alimentan la demanda de animales, plantas o sus productos obtenidos ilegalmente.  Hay que movilizar a todos los actores en esta lucha, desde los trabajadores de aduanas hasta los transportistas, pasando por los servicios judiciales y los consumidores de productos de la vida silvestre que alimentan la demanda.

Vea nuestro artículo completo en inglés sobre The Revelator a continuación:

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